Redacción | Mirador Informativo
XALAPA | 28 de octubre de 2026.– Movimiento Ciudadano (MC) presentó el 27 de octubre una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma de revocación de mandato en Veracruz, publicada el 28 de septiembre mediante el Decreto 540, al considerar que los nuevos requisitos dificultan la participación ciudadana y podrían vulnerar derechos constitucionales.
El recurso busca invalidar los cambios al artículo 15 de la Constitución estatal, que establecen nuevas condiciones para solicitar la conclusión anticipada del mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo. Entre ellas figuran la recolección de apoyos durante un periodo más corto y la obligación de distribuir las firmas en al menos 107 municipios.
La impugnación coloca bajo revisión jurídica las reglas aprobadas por el Congreso de Veracruz en julio y ratificadas mediante el procedimiento de reforma constitucional. La Suprema Corte deberá analizar los argumentos planteados por el partido antes de determinar si las disposiciones impugnadas se ajustan a la Constitución federal.
Reforma reduce el plazo para reunir firmas
Uno de los principales cuestionamientos de MC se refiere al tiempo disponible para reunir los apoyos necesarios. La reforma redujo de dos meses a uno el periodo previo a la conclusión del tercer año de gobierno en el que la ciudadanía puede comenzar a recabar firmas.
Para la administración de Rocío Nahle García, cuyo periodo constitucional comenzó el 1 de diciembre de 2024, esa etapa correspondería a noviembre de 2027.
La Constitución estatal exige el respaldo de al menos el 10 por ciento de la lista nominal de electores de Veracruz. Durante la discusión legislativa, se estimó que el porcentaje equivalía a unas 750 mil firmas, con base en el padrón electoral utilizado entonces.
Además, los apoyos deben distribuirse en cuando menos 107 de los 212 municipios de la entidad. En cada uno de ellos, las firmas deberán representar al menos el 3 por ciento de la lista nominal municipal, una condición que MC considera restrictiva para organizar una solicitud estatal.
MC cuestiona requisitos y derechos políticos
El partido sostiene que la combinación de los plazos y las exigencias territoriales puede dificultar el ejercicio del derecho ciudadano a promover la revocación de mandato. También argumenta que la modificación podría contravenir el principio de progresividad de los derechos humanos, que impide retrocesos injustificados en su protección.
Otro de los señalamientos se relaciona con la falta de consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas. MC plantea que la omisión podría afectar sus derechos de participación política, por lo que solicita que la Corte examine el procedimiento legislativo y sus implicaciones constitucionales.
La impugnación también incluye cuestionamientos sobre otros aspectos del proceso de aprobación de la reforma. El partido presentó varios conceptos de invalidez para que el máximo tribunal determine si las modificaciones respetan las garantías de participación política y las reglas aplicables a los cambios constitucionales locales.
OPLE tendrá que verificar los apoyos
La reforma establece que, una vez concluido el tercer año del periodo de gobierno, la ciudadanía interesada dispondrá de los tres meses siguientes para presentar ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) la intención de promover la revocación de mandato.
Después de que termine ese plazo, la autoridad electoral contará con 30 días naturales para verificar integralmente el cumplimiento de los requisitos. Si acredita que se reunieron los apoyos exigidos, deberá emitir la convocatoria correspondiente.
El Congreso estatal también deberá expedir la legislación secundaria para desarrollar el procedimiento, incluidos los mecanismos de verificación y las etapas necesarias para organizar una eventual consulta.
La presentación de la acción de inconstitucionalidad no suspende por sí misma la vigencia de la reforma. Mientras la Suprema Corte no resuelva el recurso y determine sus efectos, las disposiciones publicadas continúan vigentes.
La resolución judicial definirá si los requisitos establecidos por Veracruz pueden mantenerse o si alguna de las disposiciones cuestionadas debe invalidarse. Hasta el momento de esta publicación, no se ha confirmado una sentencia de la Corte sobre esta impugnación.
