Morena denuncia penalmente al gobernador Samuel García ante la FGR . Clara Luz Flores encabezó la entrega del expediente.
Redacción | Mirador Informativo
CIUDAD DE MÉXICO | 04 de noviembre de 2026.- La dirigencia de Morena presentó este miércoles una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García. La acusación legal señala la presunta existencia de un esquema sistemático de corrupción y triangulación de recursos públicos que asciende a más de 7 mil 200 millones de pesos del erario estatal, los cuales habrían terminado en firmas jurídicas vinculadas al mandatario y a su círculo familiar. El caso profundiza la confrontación política en la entidad y activa la intervención de autoridades supervisoras federales para rastrear el destino final de los fondos financieros estatales.
Clara Luz Flores Carrales, coordinadora del partido en la entidad, encabezó la entrega del expediente en las instalaciones federales acompañada por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y el senador Alejandro Murat Hinojosa. El documento jurídico incluye también como presuntos responsables a la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez Cantú, y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Los delitos imputados formalmente en la denuncia abarcan delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El esquema financiero imputado a Samuel García
El desglose de la denuncia de Morena detalla un esquema operativo donde empresas contratadas como proveedoras del gobierno de Nuevo León desviaron posteriormente capitales hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, propiedad de la familia del ejecutivo. Según la representación partidista, el dinero público perdía su naturaleza de control fiscal mediante contratos intermedios con terceros. El legislador Ramírez Cuéllar calificó públicamente esta estrategia financiera como “la estafa regia”, argumentando que al menos 928 millones de pesos se consolidaron directamente en las cuentas de los despachos particulares de la familia gubernamental.
La representación demandante solicitó formalmente la intervención inmediata del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera. El objetivo radica en reconstruir la ruta del dinero mediante auditorías cruzadas a las cuentas bancarias corporativas y personales de los involucrados. Flores Carrales puntualizó extramuros de la institución judicial que los recursos públicos mantienen su carácter de escrutinio obligatorio, por lo que ninguna transferencia privada exime a los funcionarios de responsabilidad legal.
Antecedentes de auditoría sobre Samuel García
Esta acción penal se sustenta en hallazgos previos y denuncias promovidas por la Auditoría Superior de la Federación. El pasado 16 de octubre, el órgano fiscalizador federal promovió un recurso ante la representación social tras detectar anomalías financieras equivalentes a 7 mil 212 millones de pesos durante las revisiones al gasto del ejercicio de la administración estatal. La auditoría identificó de manera particular que una constructora local recibió 5 mil 851 millones de pesos gubernamentales, canalizando fracciones de ese dinero a firmas ligadas al entorno familiar del mandatario estatal.
Adicionalmente, el expediente presentado incorpora datos sobre contratos estatales por 110 millones de pesos celebrados con consorcios que se encuentran bajo sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Previo a esta comparecencia en la capital del país, liderazgos políticos locales abrieron carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León en septiembre, acumulando presiones jurídicas sobre la administración estatal de Movimiento Ciudadano.
Postura del ejecutivo y estatus legislativo
El gobernador desestimó los señalamientos y catalogó las acusaciones sistemáticas promovidas en su contra como refritos con intenciones meramente político-electorales. El funcionario ha sostenido públicamente que las operaciones financieras de sus despachos corresponden a actividades comerciales lícitas previas a su mandato y negó la recepción directa de fondos públicos del erario dentro de las empresas pertenecientes a su círculo familiar.
La acción penal tramitada ante las autoridades federales se suma a los dos juicios políticos vigentes que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León mantiene abiertos en contra del mandatario estatal. El Poder Legislativo de la entidad permanece a la espera de que el ministerio público federal determine si existen elementos suficientes para proceder con el ejercicio de la acción penal y deslindar las responsabilidades jurídicas correspondientes.
