ASF investiga contratos electorales por 484 mdp en Veracruz y revisa operaciones millonarias con empresas en otros nueve estados.
Redacción | Mirador Informativo
Ciudad de México, 31 de octubre de 2026.- Contratos electorales por 8 mil 870 millones de pesos acumularon dos grupos empresariales, identificados como GC y GHC, con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026, principalmente con el Instituto Nacional Electoral (INE) y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), informó el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados.
Del monto identificado mediante labores de inteligencia financiera, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales locales, mientras que los contratos con el INE suman 430 millones de pesos. Esta última cantidad representa aproximadamente 11.3 por ciento del monto correspondiente a los OPLE.
ASF identifica posibles vínculos entre empresas y funcionarios
El auditor explicó que las investigaciones detectaron redes de relaciones entre los dos grupos empresariales, personas servidoras públicas y otras compañías. Por ello, la ASF inició una investigación de oficio que comprende al INE, los organismos electorales locales, proveedores y particulares que pudieran estar relacionados con las operaciones.
Entre los elementos identificados figuran empresas proveedoras vinculadas con compañías dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con empresas factureras, en operaciones por 21.3 millones de pesos. También se detectó que una de las compañías investigadas está suspendida del padrón de proveedores.
La auditoría encontró operaciones entre sociedades pertenecientes a los mismos grupos empresariales. Según lo expuesto por Hernández Palacios Cardel, en algunos procedimientos la empresa ganadora de una licitación subcontrató a otra compañía que también participó en el concurso y forma parte del mismo grupo.
Además, se identificaron empresas que facturaron cientos de millones de pesos, pero registraban menos de cinco trabajadores o carecían de personal. La ASF también investiga posibles mecanismos para limitar la competencia entre proveedores y favorecer la adjudicación de contratos.
ASF investiga contratos electorales por 484 mdp en Veracruz
Entre los organismos electorales locales que contrataron a estas empresas, Veracruz registra el monto más elevado, con 484.4 millones de pesos. Le siguen Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones; Puebla, con 286.6 millones, y Nuevo León, con 253.9 millones.
La lista también incluye a Baja California, con 223.3 millones de pesos; Aguascalientes, con 211 millones; Estado de México, con 163.7 millones; Jalisco, con 159.5 millones, y Yucatán, con 151.1 millones.
Por separado, el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco compañías concentraron 77 por ciento del monto de los contratos otorgados por los OPLE durante los últimos 15 años, equivalente a 2 mil 461 millones de pesos. Identificó a Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México.
También mencionó a Plásticos y Metales MYC, empresa que desde 2003 ha obtenido contratos con el entonces Instituto Federal Electoral y el actual INE por aproximadamente 150 millones de pesos.
INE enfrenta observaciones por contratos y proveedores
La investigación sobre el instituto electoral también contempla observaciones por más de 66.5 millones de pesos que, de acuerdo con los antecedentes expuestos, no fueron solventadas. Entre las irregularidades señaladas se encuentran pagos a personas fallecidas, contrataciones con empresas de reciente creación y posibles conflictos de interés.
Asimismo, se reportaron contratos por más de 21 millones de pesos con 10 empresas que tenían menos de un año de haber sido constituidas. La revisión también identificó a 57 personas físicas que obtuvieron contratos mientras desempeñaban funciones públicas y a 131 proveedores que no publicaron sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
ASF asegura información de empresa que operó examen de la UNAM
En otro asunto, Hernández Palacios Cardel informó que la ASF realizó el aseguramiento precautorio de los repositorios de información y servidores informáticos de Territorium Life, empresa responsable de la plataforma utilizada para el examen de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La medida busca preservar pruebas relacionadas con la investigación sobre las fallas registradas durante la aplicación virtual del examen de admisión 2026, proceso que fue anulado tras denuncias de irregularidades, trampas y suplantación de identidad mediante herramientas de inteligencia artificial.
La UNAM anunció en agosto la terminación anticipada del contrato con la compañía. El caso también sería revisado mediante auditorías de la ASF, del órgano interno de control universitario y de un despacho independiente.
Auditoría detecta recursos sin aclarar en estados y municipios
Durante la misma comparecencia, el auditor informó sobre posibles esquemas de triangulación de recursos públicos en Nuevo León y Sinaloa, mediante pagos a proveedores cuyos recursos habrían terminado en cuentas de personas físicas y morales con vínculos familiares con servidores públicos.
En la revisión de la Cuenta Pública 2025, la ASF presentó 374 informes individuales de auditoría y reportó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en los tres órdenes de gobierno. De ese monto, más de 5 mil 200 millones corresponden a 42 municipios cuyos recursos federales no pudieron ser acreditados ante el órgano fiscalizador.
El funcionario también informó que, en seis meses de gestión, la institución presentó 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, las cuales, aseguró, fueron judicializadas.
