Redacción | Mirador Informativo
CIUDAD DE MÉXICO | 4 de noviembre de 2026 .- Voto en prisión preventiva podrá ejercerse en 21 entidades durante las elecciones de 2027, luego de que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el modelo para organizar este mecanismo en 261 centros penitenciarios, donde podrían participar hasta 118 mil 623 personas que permanecen recluidas sin una sentencia condenatoria. La votación será presencial, anticipada y mediante boletas impresas.
La medida contempla los procesos electorales de 17 estados que renovarán sus gubernaturas, además de seis entidades donde la legislación local reconoce el derecho de las personas en prisión preventiva a participar en la elección de todos los cargos locales. Debido a que Michoacán y San Luis Potosí forman parte de ambos grupos, la cobertura corresponde a 21 entidades federativas y no a 23.
Voto en prisión abarcará 261 centros penitenciarios
De acuerdo con el modelo aprobado el 3 de noviembre, el mecanismo se aplicará únicamente en los centros penitenciarios que reúnan las condiciones de infraestructura y seguridad necesarias para recibir a las personas encargadas de organizar la jornada electoral.
La cobertura potencial de 118 mil 623 votantes corresponde a la población identificada en los 261 centros penitenciarios seleccionados por las autoridades federales y estatales. El INE deberá coordinar las actividades con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y las autoridades penitenciarias para establecer los procedimientos de participación, registro y recepción de los sufragios.
¿En qué estados se aplicará el voto en prisión?
El voto en prisión preventiva se organizará en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
A esta cobertura se suman Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca, donde las disposiciones legales también reconocen esta modalidad para elegir la totalidad de los cargos locales. Michoacán y San Luis Potosí, además de renovar sus gubernaturas, permitirán que las personas en prisión preventiva participen en la elección de los demás puestos de representación popular que estarán en disputa.
Votación anticipada será del 12 al 26 de mayo
El calendario aprobado establece que las personas registradas podrán emitir su sufragio entre el 12 y el 26 de mayo de 2027. El procedimiento se realizará antes de la jornada electoral ordinaria, programada para el 6 de junio, cuando se llevará a cabo el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en los centros penitenciarios.
Una vez contabilizados, los resultados se incorporarán a los sistemas y cómputos correspondientes de los Organismos Públicos Locales Electorales. De esta manera, el voto en prisión quedará integrado a los procedimientos oficiales de cada entidad, conforme a los cargos que se elegirán y las disposiciones electorales aplicables.
INE organizará el voto en tres etapas
El modelo establece tres fases para desarrollar el proceso: actividades previas, organización de la votación y acciones posteriores. En la primera se contempla identificar los centros penitenciarios participantes, integrar la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva y preparar la documentación y los materiales que se utilizarán durante el ejercicio.
También se prevé integrar y capacitar a las Mesas de Escrutinio y Cómputo, responsables de realizar el conteo de los sufragios. Estas tareas deberán desarrollarse mediante la coordinación entre el INE, los organismos electorales estatales y las autoridades responsables de los centros de reclusión.
Otro de los criterios establecidos señala que el centro penitenciario donde se encuentre recluida cada persona será considerado su domicilio para efectos electorales. Esta disposición permitirá determinar la referencia territorial para organizar su participación en los comicios correspondientes.
Derecho al voto deriva de una resolución de 2019
El reconocimiento del voto de las personas en prisión preventiva tiene como antecedente una resolución emitida el 20 de febrero de 2019 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese momento, el órgano jurisdiccional determinó que las personas privadas de la libertad que no cuentan con una sentencia condenatoria conservan sus derechos político-electorales, debido a que están protegidas por el principio de presunción de inocencia.
A partir de ese criterio, el INE desarrolló ejercicios piloto y mecanismos de participación en distintos procesos electorales. El modelo para 2027 retoma las experiencias federales de 2021, las elecciones locales de 2022 y 2023, los comicios concurrentes de 2024 y las votaciones estatales de 2025 y 2026.
La implementación del voto en prisión preventiva en 21 entidades formará parte de la organización del proceso electoral concurrente 2026-2027, en el que las autoridades electorales deberán coordinar la participación de las personas recluidas que cumplan con los requisitos establecidos.
