Proponen hasta 30 años de prisión por reclutamiento forzado de menores; iniciativa en San Lázaro plantea crear un delito autónomo.
IIIM | Mirador Informativo
CIUDAD DE MÉXICO | 19 de octubre de 2026.- La Cámara de Diputados analiza una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito autónomo el reclutamiento forzado de menores de edad en México. La propuesta, presentada por la diputada Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), busca cerrar vacíos legales que actualmente obligan a las autoridades a perseguir estas conductas bajo figuras como trata de personas, secuestro o corrupción de menores.
La iniciativa plantea sanciones de entre 20 y 30 años de prisión, además de multas de dos mil a cuatro mil días, equivalentes a entre 630 mil y 1 millón 260 mil pesos. El objetivo es castigar de manera directa a quienes obliguen, induzcan, financien, faciliten o incorporen a niñas, niños y adolescentes a bandas, pandillas, asociaciones delictivas o estructuras de la delincuencia organizada.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis legislativo. Según la exposición de motivos, el reclutamiento forzado constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos al involucrar la utilización de menores en actividades criminales, labores de vigilancia, logística o apoyo operativo para grupos delictivos.
Buscan eliminar vacíos legales
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el reconocimiento de que los menores reclutados deben ser considerados víctimas y no responsables de las actividades ilícitas en las que son utilizados. La propuesta establece que el aparente consentimiento de una persona menor de 18 años no exime de responsabilidad penal al reclutador.
De acuerdo con el proyecto, se configurará el delito cuando exista uso de fuerza, violencia física o moral, amenazas, engaño, coacción económica o aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad para incorporar a una persona a estructuras criminales.
La legisladora argumenta que la ausencia de un tipo penal específico dificulta la persecución de estas conductas y limita la capacidad de las fiscalías para actuar de manera efectiva desde el momento en que ocurre el reclutamiento.
Prevén agravantes para servidores públicos
La iniciativa contempla aumentar las penas hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido integrante de instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, sistema penitenciario o fuerzas armadas. En esos casos, la condena podría alcanzar hasta 45 años de prisión.
También se consideran agravantes cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, tengan alguna discapacidad o carezcan de capacidad para comprender el significado de los hechos.
El planteamiento se suma a otras propuestas legislativas que buscan crear una figura jurídica específica para perseguir el reclutamiento forzado en México, una práctica identificada por organismos nacionales e internacionales como una de las principales formas de captación de menores por parte de grupos criminales.
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