Contratos electorales millonarios del INE destapan una presunta red de corrupción que habría operado durante 27 años en el sector electoral.
Redacción | Mirador Informativo
CIUDAD DE MÉXICO | 5 de noviembre de 2026.- Contratos electorales por más de 2 mil millones de pesos otorgados a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas a través de organismos electorales estatales fueron señalados por el Gobierno de México este 5 de noviembre de 2026, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La investigación apunta a una presunta simulación de competencia en licitaciones, relaciones entre proveedores y posibles irregularidades financieras que se habrían extendido durante casi tres décadas.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó los resultados de una revisión basada en registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y el histórico de CompraNet. Según los datos expuestos, entre 2014 y 2023 las compañías relacionadas con los empresarios consiguieron adjudicaciones superiores a los 2 mil millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
A esa cantidad se suman otros 646.3 millones de pesos en contratos obtenidos entre 2024 y 2025 con 15 organismos electorales estatales, de acuerdo con la funcionaria. Las cifras todavía son preliminares y podrían aumentar conforme avance la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Contratos electorales bajo investigación por simulación de competencia
La investigación identificó seis empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández. De acuerdo con la Secretaría de Anticorrupción, tres de estas compañías cuentan con denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El mecanismo señalado consiste en utilizar distintas razones sociales relacionadas entre sí para participar en los mismos procedimientos de contratación y aparentar que existe competencia entre proveedores independientes. Sin embargo, según la explicación de Buenrostro, las empresas presuntamente acordaban previamente las condiciones de participación y quién recibiría las adjudicaciones.
La funcionaria también señaló que algunas de estas compañías carecerían de infraestructura propia y personal registrado en nómina para cumplir directamente con los servicios contratados. La investigación identificó además posibles irregularidades en la representación legal de las empresas y el uso de personas vulnerables como prestanombres, así como casos de presunto robo de identidad.
UIF bloquea cuentas relacionadas con contratos electorales
Como parte de las investigaciones financieras, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas relacionadas con 40 contribuyentes vinculados con los proveedores electorales. La medida comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales, según la información difundida durante la presentación del caso.
Las autoridades revisan movimientos financieros que podrían estar relacionados con transferencias entre empresas y personas sin una actividad comercial que justifique las operaciones. El análisis busca determinar el origen y destino de los recursos obtenidos mediante las contrataciones públicas.
Sheinbaum aclaró que las indagatorias por posibles operaciones de lavado de dinero no significan que exista evidencia de vínculos de los empresarios con organizaciones criminales. También señaló que corresponde a las autoridades financieras y ministeriales establecer si existen elementos para presentar denuncias penales.
La FGR y la ASF deberán intervenir en los ámbitos de sus respectivas competencias para investigar posibles delitos y determinar responsabilidades administrativas. Hasta el momento, los señalamientos forman parte de una investigación y no constituyen una resolución judicial contra los involucrados.
La red de contratos electorales tiene antecedentes desde 1999
La presidenta sostuvo que los antecedentes de la red empresarial se remontan a finales de la década de 1990. Durante la exposición se informó que los hermanos Hernández Casillas trabajaron previamente en dependencias del Gobierno federal, entre ellas el Registro Nacional de Población y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Según la cronología presentada por Buenrostro, los empresarios comenzaron a desarrollar actividades como proveedores de material electoral mediante Cartonera Plástica, cuyo registro en contrataciones de ese sector data de 1999. Posteriormente diversificaron sus operaciones con otras compañías y ampliaron su participación en licitaciones de organismos electorales.
El Gobierno también expuso que la expansión de estas empresas ocurrió durante distintas administraciones del sistema electoral. Los contratos identificados abarcan periodos anteriores y posteriores a las presidencias de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei en el INE.
INE deberá transparentar las próximas contrataciones
Entre las medidas planteadas por el Gobierno federal está revisar las reglas de adquisición de materiales electorales y fortalecer los mecanismos de supervisión de los organismos electorales estatales y nacionales.
Sheinbaum señaló que Talleres Gráficos de México debe participar en la producción de documentación electoral y que, cuando sea necesario contratar proveedores privados, los procedimientos deberán contar con reglas claras, costos establecidos y mecanismos de transparencia.
La revisión de la ASF abarcará hasta 25 años de contrataciones relacionadas con el INE, el antiguo Instituto Federal Electoral y los organismos electorales locales. Los resultados de las auditorías y las investigaciones financieras determinarán si existen elementos para establecer responsabilidades.
El caso se mantiene en investigación mientras las autoridades revisan los contratos, las empresas involucradas y los movimientos financieros relacionados con la adquisición de materiales electorales.
